Desde el comienzo, la campaña que llevó a Pullaro al poder fue sostenida por un aparato financiero y político de magnitudes que contradicen sus propios llamados a la ética pública y el equilibrio institucional. A poco de asumir, el Ejecutivo intervino dos comunas del norte provincial – Golondrina y Cañada Ombú – sin ofrecer explicación legal clara sobre las razones que justificaron esa medida. La falta de fundamentos legales y la rápida designación de referentes del propio oficialismo como reemplazos, exponen una maniobra arbitraria, con complicidad judicial y netamente política.
El caso de Florencia es un nuevo capítulo donde las reglas, mandatos y garantías fueron pasadas por alto. En plena campaña, el candidato Fabio Villa, apadrinado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, publicó un video ofreciendo sorteos de motos y electrodomésticos si ganaba las elecciones. La filmación circuló por medios nacionales y provinciales, dejando en evidencia una violación flagrante de la veda electoral. Sin embargo, y pese a la gravedad del hecho, el Tribunal Electoral aún no se ha pronunciado, a más de un mes de los comicios. La pasividad institucional parece avalar la legitimación de Villa, presentado este fin de semana como flamante intendente, en el acto por los 20 años del PRO.
Durante la campaña, Scaglia y el diputado “Coco” Bascolo firmaron convenios con Villa en Florencia, cuando aún no era funcionario. Según denunció el entonces intendente Rubén Quain, se creó una “municipalidad paralela” que recibió recursos provinciales a través de una ONG bajo el control de Villa, acción que no solo viola los canales legales, sino que también socava la autonomía municipal.
La sucesión de estas maniobras se da en el contexto de una Convención Constituyente, donde el propio Pullaro es convencional y promueve su propia reelección, lo que levanta serios cuestionamientos éticos sobre el uso del poder en beneficio propio. En este escenario, Santa Fe parece encaminarse a convertirse en una república sin reglas, donde todo vale, y donde la ley se aplica o se ignora según las necesidades del oficialismo.
El deterioro institucional no solo erosiona la democracia local, sino que instala un precedente peligroso para la política provincial: el de una gobernabilidad construida sobre la base de la impunidad, el oportunismo y el control absoluto de los organismos que deberían actuar como contrapeso.
