Senado: el kirchnerismo logró el dictamen de la nueva moratoria para jubilados

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El proyecto de ley que establece un plan de pagos de deudas previsionales para que unas 742.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año se dabatió y obtuvo dictamen esta tarde en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

El encuentro comenzó pasadas las 14 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y la encargada de avanzar fue la senadora Juliana Di Tullio, quien señaló que luego de tres semanas de trabajo ya no hay observaciones al proyecto: “Creo que todos tenemos posiciones tomadas”, sostuvo.

“Hemos analizado que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas en condiciones de jubilarse que tengan acceso a este derecho previsional”, explicó Di Tullio.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto junto a Mariano Recalde, señaló que cuando presentaron el proyecto se comprometimos “a tratarlo con celeridad porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria y desde 2015 la línea de personas en condiciones de jubilarse viene bajando”.

Por su parte, Recalde explicó los detalles de la iniciativa: “La propuesta es sancionar una ley mejorada que resuelva la situación de las personas que cumplen la edad jubilatoria y no tienen los años de aportes necesarios, creando un plan de pago de la deuda que tienen en cuanto a sus aportes”.

“El costo fiscal de la medida sería en el primer año, para un universo de 800.000 personas, del 0,02%; y el año que viene del 0,03 por ciento. Es un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país que estamos tratando de ordenar. En esta cultura de los aportes que debemos ir recuperando es consecuencia de un fracaso de la política de fiscalización del Ministerio de Trabajo de que no haya aportes. Tienen que ser fiscalizados por el Ministerio de Trabajo y cuando hay deuda previsional a las empresas aún existentes les prescribe la deuda que tiene”, explicó Di Tullio.

La senadora dijo que están “abiertas a modificaciones” y si hay más consultas “estamos abiertos a todas las dudas”, pero que entendía que no había más preguntas ni consultas y que su intención es “que el proyecto llegue dentro de los 7 días del dictamen al recinto”.

En la oposición no están de acuerdo con la norma y así lo hizo saber la senadora Guadalupe Tagliaferri, quien marcó la postura de Juntos por el Cambio: “Pedimos que esté en el plenario del Presupuesto, no sabemos si esto complica o no las metas del acuerdo que tiene Guzmán con el FMI, las estimaciones del costo fueron hechas por los asesores de los senadores y no son números del Ministerio de Economía”.

La senadora de la oposición se hizo eco de las deficiencias del Ministerio de Trabajo que señalaba la presidenta del bloque Unidad Ciudadana y recordó a que de los últimos 18 años “14 gobernó el kirchnerismo”. Lo hizo como parte de las críticas respecto de “aquellos que nunca aportaron nada, porque no lo hace sostenible ni justo”. Además, reclamó que el debate pase por la comisión de Presupuesto.

“La facultad de dar los giros la tiene la presidencia del Senado y no va a ir a Presupuesto”, respondió la senadora Di Tullio.

Desde Juntos por el Cambio se oponen a la iniciativa porque entienden, por un lado, que incrementa el gasto público y, por el otro, que no se giró a la comisión de Presupuesto, que es donde debe debatirse su impacto. Además, señalan que no sólo que no se va a debatir el impacto fiscal de la medida sino que no se sabe cuál es lo opinión del Ejecutivo, más precisamente, del ministro de Economía, Martín Guzmán.

A pesar de esto, los senadores del oficialismo respondieron que estaba la palabra del Ejecutivo “a través de la ANSES” manteniendo el mismo posicionamiento que cuando se presentó el proyecto en donde no se consultó al Ministerio de Economía respecto del impacto en las cuentas fiscales.

A partir de esto es que el oficialismo pasó a la firma el dictamen del proyecto y se prepara para tratarlo en la próxima sesión que, según explicaron fuentes del Senado, sería el 30 de junio.

El proyecto

La iniciativa es impulsada por el Frente de Todos (FdT) y fue presentada hace poco más de un mes en una conferencia de prensa de la que formaron parte los jefes del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, así como la presidenta de la Comisión de Trabajo, la bonaerense Juliana Di Tullio.

La norma permitiría regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

De acuerdo con las estimaciones, en lo que resta de 2022 aproximadamente 500.000 personas en la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma. Además, otras 300.000 estarían en condiciones de adherir en 2023.

Se trata de personas que no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016, según explicaron.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente solo uno de cada diez mujeres y tres de cada diez varones estarán llegando a jubilarse este año con los 30 años de aportes exigidos y el resto se ve obligado a recurrir a la Puam, una prestación sancionada durante el gobierno anterior y que otorga un 80% del haber mínimo.

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